Obama y los ‘drones’
El uso de aviones teledirigidos en la lucha antiterrorista ha de someterse al imperio de la ley
Las audiencias esta semana en el Senado para la confirmación de John Brennan como director de la CIA han proporcionado la rara oportunidad de hacer luz sobre el uso por EE UU de los aviones no tripulados, arma fundamental desde hace años en la eliminación de dirigentes de Al Qaeda y sus filiales, desde Pakistán a Somalia, desde Afganistán a Yemen. Una guerra selectiva y semiclandestina —se acaba de conocer la existencia de una base de drones en Arabia Saudí—, incrementada exponencialmente por Barack Obama, en la que han muerto centenares de civiles y cuyo principal arquitecto es precisamente Brennan, máximo consejero antiterrorista del presidente y coordinador de la lista de “blancos humanos” de los aviones teledirigidos operados por la CIA y el Pentágono.
El filtrado memorándum gubernamental sobre las bases legales que justifican la eliminación desde el aire de sospechosos de terrorismo islamista no resiste un mínimo análisis ético. Su deliberadamente ambiguo e impreciso lenguaje deja al arbitrio de la Casa Blanca las vidas de quienes figuran en la lista negra, ciudadanos estadounidenses incluidos. El Ejecutivo no necesita explicar sus decisiones ni al Parlamento ni a los jueces, ni siquiera admitir el ataque.
La política de la Administración de Obama es inaceptable en este terreno, aunque esté apoyada por la mayoría de sus compatriotas. Y lo seguiría siendo caso de abrirse camino la idea de algunos congresistas para que un tribunal federal secreto apruebe la relación de asesinatos selectivos por bombas y misiles de control remoto. Barack Obama llegó por vez primera a la presidencia de Estados Unidos prometiendo acabar con los excesos antiterroristas (Guantánamo incluido) que su antecesor Bush había elevado a categoría política. Los hechos le desmienten.
Washington, donde se miran muchas democracias, pretende que sus actos de guerra se atienen por definición a los más exigentes estándares morales y de legalidad. Si quiere evitar la creciente percepción internacional de que su utilización masiva y opaca de los drones equivale en muchos casos a una ejecución sin juicio, debe dotarse urgentemente de un conjunto aceptable de reglas conocidas, transparentes y precisas. Unas reglas que, dada la creciente difusión de la tecnología de estos aviones (Rusia y China ya la tienen), otros Gobiernos pudieran adoptar sin sonrojo llegado el caso.
